COSTOS DE ULTIMA MILLA Y MOVILIDAD URBANA DE CARGA

Estuve leyendo la Agenda para el Salto en Competitividad,  publicada por la ANDI, y los requerimientos del sector industrial para abrirse, en condiciones de competencia,  al mercado mundial.

Asuntos como los costos de la energía y de las materias primas, la tasa de cambio, la necesidad de reglamentar  la reforma tributaria -bajar las retenciones en la fuente, y el nuevo impuesto del CREE-, figuran en la agenda.   Igualmente, se indica la necesidad de apropiarse de la legislación internacional que protege la competencia,  y de fortalecer la aduana -para evitar que los productos importados burlen las normas e ingresen a precios excesivamente bajos,  y mejorar la logística aduanera en puertos y puestos de frontera, para simplificar los trámites-.

Me llamó la atención el llamado que se hace al gobierno nacional para generar una política de compras y encadenamientos con el sector productivo local, que obligue a las multinacionales,  que actualmente desarrollan actividades mineras o de hidrocarburos, a comprar productos nacionales.

En cuanto a la infraestructura, con énfasis en el transporte terrestre, se manifiesta la urgencia de mejorar la eficiencia de la flota de vehículos, de adelantar los proyectos de vías pendientes, y  de mantener un monitoreo permanente del estado de las vías existentes, al igual que de los puertos.   Hasta aquí todas las medidas son de la órbita del gobierno nacional.   

También se señalan tres cosas bien importantes,  que hacen parte integral de la cadena de logística y distribución: el mejoramiento de las vías secundarias departamentales -y su conexión con los corredores viales estratégicos-, los costos de la llamada última milla –que, aunque incluyen las vías de acceso a aeropuertos, puertos marítimos internacionales y fronteras terrestres aduaneras, también hacen referencia a la entrega de productos a consumidores finales en los centros urbanos-, y la consecuente necesidad de construir políticas de movilidad urbana de carga.

Estas sí son, claramente, responsabilidades de carácter local.  En medio de la revisión del plan de ordenamiento, a sabiendas de que el país requiere avanzar en su proceso de industrialización, es de vital importancia que las autoridades se pregunten cómo atender estos asuntos.  Lo que implica hacer una serie de análisis sobre la localización de las infraestructuras y la asignación de usos del suelo, la consolidación de corredores urbanos estratégicos, las conexiones de las vías existentes, etc.; para generar las condiciones que permitan tener una movilidad urbana de carga adecuada.  Para una ciudad como la nuestra, que se precia de su estratégica localización, y la cual está llamada a cumplir un papel de primer orden en el sector de distribución logística a nivel nacional, ésta, más que otras reflexiones, debería ser la primera preocupación a la hora de estar planificando el desarrollo físico del territorito.  En las condiciones actuales, particularmente para Pereira, en ello reside la llave del progreso o del estancamiento. 

LOS PUPITRES QUE HABLAN

Me impactó la desolación que hoy se vive en la UTP, con un montón de pupitres apilados, cuyo objeto es limitar la movilidad por los pasillos e impedir el acceso a los salones.   Una alegoría que induce a una pregunta:  ¿dónde están los estudiantes?

No conozco los detalles de lo que allí acontece. Pero, me voy a atrever a decir que, pudiendo existir inconformidades justificadas, errores cometidos en una gestión que se ha prolongado en el tiempo, el Rector no va a salir por la puerta de atrás, cuando es indiscutible que él ha realizado una labor, que puede ser criticada,  pero con logros comprobables.  A ojos desprevenidos, pareciera que la motivación del paro fuera cortar su cabeza.   Tildarlo, por ejemplo, de  privatizador, no es un argumento muy sólido, pues es obvio que el modelo de administración le es impuesto y supera su capacidad de decisión.   Ahora, si lo que se pretende es denunciar actuaciones suyas que hayan violado la ley, para eso existen las entidades de control, y, en todo caso,  no es potestad del movimiento estudiantil  juzgar,  disciplinaria o penalmente,  su desempeño como servidor público.

Lo más llamativo es la apatía del estudiantado, resignado o complacido, si cabe decirlo, con una especie de vacaciones extemporáneas.  Aunque dicen que las marchas han contado con una asistencia nada despreciable, y hay una decena de estudiantes que acampan en la universidad,  ejerciendo un cierto tipo de presión no muy civilizada, lo cierto es que la huelga, hasta ahora, no moviliza a la mayoría. 

Este hecho, por sí solo, no invalida la protesta, sólo deja al descubierto que, con contadas excepciones, el universitario de hoy es un joven ignorante, desentendido de cuanto pasa en su realidad inmediata y en el contexto general de la sociedad.  Un cómodo transeúnte de la vida al que no le angustia la inutilidad del tiempo perdido.  Y aunque, por ser ésta universidad pública, muchos alumnos son de escasos recursos económicos -algunos de regiones apartadas-,  y, en general, todos deben estar muy perjudicados, no se motivan a la acción, ni siquiera a manifestar su posición, ya sea a favor o en contra del cese de actividades. 

Si todo continúa como hasta ahora, de lo que pasa hoy en la universidad seguirán hablando los pupitres arrumados.  Más valdría reanudar las clases, y que el movimiento estudiantil se esforzara por involucrar a los estudiantes, ante todo  presentes, y ver si sus argumentos logran convencerlos.  La administración ya alertó sobre la posibilidad de cancelar el semestre, y se conserva en una pasividad expectante.  Algunos han dicho que hay una intentona de grupos políticos por llegar al poder universitario a toda costa, y otros opinan que, simplemente, el paro no contribuye en nada a solucionar los problemas y que le hace un favor al establecimiento.  En todo caso, no se entiende cómo es posible que la suerte de la universidad la esté decidiendo una minoría, así fuere menester suponer que tienen la razón.   En medio te todo, las verdaderas afectadas son las familias.  Ellas son las que están pagando los costos de este paro.

TODA BUENA ACCION TIENE SU JUSTO Y MERECIDO CASTIGO

En el año 2011, realizamos un estudio de la malla vial construida, cuyo resultado fue entregado, a través de CAMACOL,  al actual Alcalde.  Allí figuran varios proyectos,  que ojalá se tomen en cuenta a la hora de revisar el POT.  Son obras sencillas, que pretenden completar tramos de vías o  mejorar las intersecciones, con la idea de formar anillos que sirvan para ir y venir de los lugares con mayor flujo de vehículos, como el Centro, la Circunvalar, Cuba, la UTP, etc.

Las obras que se están proponiendo para ejecutar por valorización están incluidas en el estudio.  ¡Qué bien que hayan sido acogidas!  Pero me llama la atención que,  a la hora de definir su trazado, no se haya tenido en cuenta al gremio que las propuso.  En lo que a mi respecta, debería aprender de una vez que las cosas regaladas nadie las valora.  Así el estudio haya sido bueno, al obsequiarlo, aparentemente nos invalidamos para participar de su concreción.  Y eso que no estábamos detrás de ningún contrato!!!

Se han hecho muchas consultas a otros profesionales, lo cual está bien.  Pero, estos no son proyectos de ingeniería simplemente, son vías, que hacen parte del ordenamiento urbano, y, como cuesta tanto construirlas, hay que tener especial cuidado de que sus trazados coincidan con intenciones de desarrollo; articularlas con el espacio público, los equipamientos colectivos, o los procesos de renovación urbana.  Además, en ello Planeación Municipal debería ser actor de primera línea. ¿Así ha sido? No parece.

Hay que decir que algunas de nuestras propuestas fueron mejoradas, por ejemplo, la intersección en la Avda. Sur, a la altura del Barrio El Jardín.  También ha habido críticas razonables a lo propuesto, como en el empalme del Anillo Vial Circunvalar a la cra. 12.  Sin embargo, en este caso puntual, pensando la ciudad con una visión sistémica, no se debería olvidar que esta conexión se requiere para que el par vial haga parte integral del Anillo Longitudinal.  La ingeniería y la arquitectura deberían resolverlo, causando el menor impacto posible, pero nunca abandonando el objetivo.  Renunciar a la conexión por la cra. 12 y plantearla por la calle 13, desconecta totalmente el proyecto del Anillo.

En cuanto a la necesidad de otra salida del centro tradicional, alternativa a la calle 18, se propuso intervenir el Parque Olaya, que es patrimonio, lo cual implica que se deberá contar con la participación de arquitectos especialistas en el tema.  La bondad de darle continuidad a la calle 20 (y no por la calle 21, como se pretende), radica en su capacidad de conexión con la Avenida Belalcázar.    Además, la 21 hoy funciona muy bien como acceso al centro, ¿qué necesidad hay de volverla de doble sentido? 

Resumiendo, hicimos con dedicación un plan que nadie nos estaba pidiendo y se lo regalamos a la ciudad.  Se va a cobrar valorización (tributo bastante impopular), y las cosas no se van a hacer del todo bien.  Y  ni siquiera pudimos participar en la estructuración de los proyectos.  Como dicen: ahí tienen para que aprendan!!!

¡Y, SE FUE EL EQUIPO DE REVISIÓN DEL POT!

En la alcaldía de Israel Londoño, se intentó sacar adelante un proyecto de revisión del POT que, por atropellado, no pasó ni siquiera la instancia de la autoridad ambiental.    Fue una oportunidad perdida.  Por parte de los gremios se hizo un trabajo juicioso y se apoyó el proceso, con equipos dedicados exclusivamente a elaborar propuestas y a revisar los planteamientos de la Alcaldía.  A la postre,  este ejercicio se frustró y el trabajo se perdió.

Iniciamos esta administración con la idea de que era necesario, ahora sí, revisar el Plan de Ordenamiento Territorial, puesto que, en teoría,  la vigencia del formulado en el año 2000 había caducado. 

CAMACOL le hizo al Alcalde el ofrecimiento de apoyar esta iniciativa,  aportando la contratación de un experto en urbanismo,  de perfil nacional.  Esta propuesta no tuvo eco,  y el grupo “local” comenzó sus labores solo.   Nuevamente, los gremios estuvieron siempre dispuestos a oír los estudios de diagnóstico, las cifras, las nuevas iniciativas (no todas ellas sensatas, pero es parte del oficio), etc.  No obstante, por diferencias internas en la Secretaría de Planeación, el equipo acaba de renunciar.  Llevábamos casi dos años en el intento,  y pareciera que va a quedar trunco. 

Se podrán esgrimir argumentos, de lado y lado,  con respecto a lo que allí pasaba que, la verdad, empezaba a tomar tintes novelescos;  y, como en cualquier matrimonio, cada una de las partes tendrá sus razones para los desentendimientos que se presentaron.  Pero, más allá de las pasiones quedan los hechos, se fueron unos profesionales -calificados técnicamente para la tarea-,  y la que pierde es la ciudad.

Veo muy difícil retomar con un buen rumbo este ejercicio.  Además de que falta muy poco tiempo, todo equipo tiene su orientación técnica y,  por más que se haya dejado un documento, avanzar sobre la base de lo realizado será imposible.  Tarde o temprano,  se verán en la obligación de volver a empezar.  Y, como es natural, aparecerán intereses,  haciendo cola para introducirse en el nuevo POT, muchos de ellos atados a compromisos políticos,  de cara a las próximas elecciones. 

De todas maneras, aunque es menester acompañar a la administración municipal, el resultado parece incierto.  Hay cosas que, por experiencia, los alcaldes saben que son de difícil trámite después del segundo año de mandato, en época electoral.  Un proyecto de acuerdo para cobrar valorización,  por ejemplo, o una revisión del POT.   En ambas, a esta alcaldía, parece habérsele pasado la oportunidad.

Para tanto lío, el planteamiento de quedarnos con el POT actual va ganando.  No será perfecto, pero, ya lo manejamos, y, por lo menos, sus defectos son conocidos.  Tiene problemas en cuanto a sus muchas pretensiones, nunca se ejecutó con rigurosidad el programa de ejecución propuesto, y, además, es excesivamente normativo, pues contiene aspectos que bien podrían hacer parte de un código de construcciones, y, sin embargo, parece tan difícil ponernos de acuerdo, que, en ausencia de algo mejor, bueno está el que tenemos. 

¡QUÉ PENA CON LOS AMBIENTALISTAS!

Me gustan las personas preocupadas por el medio ambiente, aquellas que, decididamente, hacen su aporte para que vivamos en un planeta mejor.  Pero, con mucha pena,  tengo que decir que no me gustan las cosas hechas a lo “copy-paste”.  Medidas como el día sin carro,  parecen más un afán por sumarse a una “tendencia”, que algo que realmente contribuya a la causa ambiental.

Pereira no tiene sistemas alternativos de transporte, el sistema de transporte masivo, Megabús, además de estar lejos de ser masivo,  contamina igual que los vehículos normales puesto que el combustible que usa es el peor veneno posible: el diésel.  Es cierto que moviliza, en un solo vehículo, mayor cantidad de pasajeros, pero, con toda seguridad, el número no variará sustancialmente con el día sin carro.  No creo que ningún propietario de carro particular salga apresurado a comprar una tarjeta para usarla sólo ese día,  y darse su primera montadita en el “Mega”. 

Por otro lado, no se prohíbe el uso de taxis, que serán los grandes beneficiados. No tengo nada en contra, pero,  en términos estrictamente ambientales, el efecto se anula,  pues se sustituyen unos vehículos por otros.  Y la afectada siempre será la billetera.    Quienes tengan citas médicas, cirugías, negocios importantes, reuniones decisivas, tendrán que bajarse de los denarios que les ayuden a llegar, en taxi, a su destino.  Todo lo demás que sea aplazable se aplazará, y, con nuestra vocación fiestera,  haremos de ese día un nuevo festivo. 

Es posible que se dé una reducción en las emisiones,  producto de los vehículos que dejen de circular, lo que puede ser interesante si se miden los resultados que, a propósito, ¿quién los mide?, ¿qué entidad es la encargada de hacer el seguimiento y construir series históricas?

Los perjudicados serán los de siempre, el aparato productivo, el comercio, los que usan el transporte público,  que se verá algo más saturado;  y todo esto redundará en una pérdida económica.

La verdad es que esta medida, a secas, resulta antipática para los ciudadanos.  Se requiere de otras para hacerla efectiva.  Por ejemplo, si tuviéramos una ciclo ruta, por la Avenida 30 de Agosto, segura y de carril exclusivo; o un sistema de transporte masivo bien conectado, otro sería el cantar.  Ahí sí, bienvenido el día sin carro, y, ¿para qué?, pues para mostrarles a los ciudadanos que existen alternativas, que tienen una infraestructura que aún no han aprendido a usar, y engancharlos en su uso frecuente,  contando con que se requiere hacer un gran esfuerzo pedagógico.

Antes no.  Sin infraestructura para la movilidad alternativa, sin un transporte masivo eficiente y movilizado con energías limpias, no sé qué objeto tiene limitar la movilidad de los vehículos particulares.  Se castiga al usuario del vehículo, y a la economía, pero es un castigo que no alecciona.  Tal vez sirve para algo que resulta más bien ridículo: para que concejales y funcionarios se tomen fotos en traje de sport, montados en bicicleta.   Será el único día que lo hacen, salvo contadas excepciones.

TRABAJO EN EL SECTOR PRIVADO: ¡GRACIAS A DIOS!

Hace poco leí esta leyenda en un perfil de Facebook, lo cual, unido a las observaciones que he oído de algunos funcionarios,  me llevó a cuestionarme el sesgo que existe con respecto a la función pública.

Por definición lo público es bien de todos.  Por lo tanto, quienes obran como servidores públicos deben reunir muchas condiciones.  Además de ser honrados -que es un principio de vida, que no debería hacer especial a nadie y por lo que no se debería esperar ningún tipo de agradecimiento-, los funcionarios públicos también deben ser competentes.  Es decir, deben cumplir con los requisitos básicos para el cabal desempeño de su cargo. 

Esto difícilmente se cumple, por múltiples razones asociadas básicamente a la politiquería, que ha llevado a que se configure un estilo de administración que dispone de los recursos del Estado con fines privados.  Estas “mafias”, una vez en el poder, subvierten el sentido de los bienes públicos,  que pasan de ser usados en beneficio colectivo a servir y nutrir a la camarilla de turno.  Se toman decisiones, se orientan recursos y, se nombran funcionarios, que garanticen el lucro del administrador y de su grupo.  No estoy haciendo una acusación concreta, ni me interesa satanizar personas.   La lógica del sistema es tan fuerte que la encarnación de sus formas de actuar carece de interés.  Si hoy es Pepito, mañana será Jaimito, y, mientras se actúe bajo estas reglas los resultados seguirán siendo los mismos.

No obstante, existe un factor que también hace la diferencia.  Diez años atrás, el salario de un Secretario de Despacho era como $4 millones.   Una buena suma,  que equivalía a la remuneración a la que un profesional, con un cargo de responsabilidad, podía aspirar en una empresa, pública o privada.

Actualmente, la remuneración para estos cargos está cercana a los $6 millones, la cual parece excesivamente baja, y puede propiciar, entre otras cosas,  que no se puedan reclutar buenos profesionales, o que los que lleguen trabajen por los “extras”.   Existe la creencia de que los funcionarios públicos no trabajan,  pero la verdad es que un Secretario de Despacho labora 16 horas diarias, sábados, domingos y festivos; y tiene la responsabilidad, profesional y jurídica, de temas muy complejos.  Además, y no es cosa despreciable, estos deben cargar con el estigma de lo público, son acusados y juzgados a priori como ladrones, y, esta experiencia queda en la hoja de vida como una mancha, cuando debería ser un honor. 

Toda regla tiene su excepción y sé que existen personas que, haciendo un verdadero apostolado con vocación de servicio, trabajan por su sueldo.  Pero, mientras las cosas no cambien,  seguiremos condenados a que los bienes,  que tanto trabajo nos ha costado construir, queden en las manos menos indicadas, o en las de unos suicidas que se lanzan a luchar contra la corriente y que no hacen más allá de lo que una golondrina puede hacer por el verano.  Definitivamente, algo tiene que cambiar!!!

A LO HECHO, PECHO

A pesar de lo inconveniente del proyecto de la Calle de la Fundación, por innecesario, costoso,  y disonante con las intervenciones precedentes en el centro, este se hizo. 

Según la justificación para la adición de recursos,  que envió la Secretaría de Infraestructura, hay cosas que se necesitan, y que sería un verdadero pecado omitirlas o dejarlas a medias.   Por ejemplo, se solicitan 1.336 millones para la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado, y para la reconstrucción de los cárcamos por donde van las redes eléctricas, debido a cambios inevitables que obedecen a la longevidad de las redes allí encontradas.  No hacer estos cambios sería una verdadera insensatez.  Otro aspecto que parece de gran relevancia, y que era difícil de prever,  es  el reforzamiento de la estructura del pavimento, con una mezcla de concreto al 5%.  Inevitable completamente,  si no se quiere echar a perder todo lo invertido, lo que implica un aumento de 173 millones. 

Ahora bien, se hace evidente que hubo improvisaciones, porque sólo después del concurso -que estuvo en cabeza de la Sociedad de Arquitectos-, y de la posterior adjudicación de las obras, se recurrió a la opinión de los especialistas en varios temas.    Aspectos como la modificación de las especies para la reforestación, por sugerencia de los expertos del Jardín Botánico de la UTP,  que resultó en 59 millones adicionales.  O, el cambio de cañuela en concreto a cuneta, por recomendaciones del diseñador hidráulico, que implica un aumento de 227 millones.  La decisión de usar el concreto color integral para las losetas, otros 315 millones.  El aumento de las letras de bronce (para la línea de la historia), después de la revisión de la Academia de Historia, y  la incorporación tardía de los códigos QR (que se pueden escanear con el celular para obtener información adicional),  112 millones más.  Todos estos factores pudieron hacer parte de las especificaciones técnicas, si las opiniones de los expertos se hubieran solicitado en la fase de elaboración del diseño.

Finalmente, en la solicitud se engloban otros gastos producto de la ejecución de la obra, motivo por el cual se requieren  478 millones más.  Habrá que confiar en que todo esto se ha hecho tal y como se dice.

Leyendo el informe,  de la manera más desprevenida,  queda la sensación de que la Alcaldía estuvo mal asesorada, que le vendieron la idea de un proyecto excesivamente suntuoso, que además tuvo aspectos que no fueron bien evaluados antes, y que, como era de esperarse, se presentaron aquellos imprevistos lógicos al intervenir una zona en donde hay construcciones que tienen ya muchos años.  Pero, estos ya no deberían ser los debates.  Yo me pregunto, ¿entonces qué, dejamos el proyecto a medias?  Eso sí que sería una verdadera “patanada” con Pereira.  Ahora,  lo único que hay que hacer es ponerle el pecho a la brisa, adicionar lo solicitado, y vigilar porque se termine de invertir con total transparencia.  Confío plenamente en el juicio de la Secretaria de Infraestructura, es demasiado profesional como para permitir que se le dé mal uso a estos recursos.