HACER O DEJAR HACER

Recientemente se ha descubierto en Pereira toda una red para traficar con las necesidades de los adultos mayores.

Algunos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de esta administración (algo que también se había denunciado en la pasada del alcalde Vásquez),  contrataban servicios de atención para esta población con escandalosos sobrecostos, o, simplemente, facturaban compras cuyos bienes nunca llegaron a sus beneficiarios.

Mientras tanto, la ciudad presenciaba  cómo esta población vulnerable permanecía desatendida y sometida a condiciones oprobiosas.

Debido a la acción de las entidades de control, la Fiscalía tomó el caso, y ya hay por lo menos un Secretario de Despacho implicado y varios funcionarios. Entre tanto, la ciudad se ha extrañado de la pasividad del Alcalde para enfrentar la situación.

Asumo que Juan Pablo Gallo es una persona de buenas intenciones, que ha querido realizar cambios en la forma cómo se venía administrando la ciudad, y que ha intentado actuar con transparencia.  Pero, parece que le ha sido bastante difícil, por no decir imposible.  

Todo esto se debe en gran parte al sistema electoral. Hace por lo menos tres administraciones, en Pereira tomó carrera el hecho de recibir grandes sumas de dinero para campañas políticas cada vez más costosas, empeñando de antemano los diferentes despachos.

No es una práctica que haya iniciado con esta alcaldía, pero se ha venido acentuando con el tiempo, ha encarecido hasta el delirio las campañas, y ha convertido las elecciones en un negocio.

Quienes financian, “apuestan” por el candidato con mayor opción, y cuando triunfa, esperan el debido “retorno”, el cual se da, como es apenas obvio, a través de los diferentes contratos que realiza el Estado.

Por otro lado, están los políticos, los cuales solos o en asocio con algunos “inversionistas”, compran de antemano los diferentes despachos y reciben grandes cuotas burocráticas.

Es un secreto a voces, las figuras de Alcalde y Gobernador cada vez tienen menos gobernabilidad. Sucede aquí y en todo el país: en la empresa de Acueducto gobierna un Senador con total autonomía sobre las decisiones y sobre la caja, el Instituto de Tránsito tiene dueño antes de que el nuevo mandatario se posesione, en Infraestructura está colocada la cuota de otro político al que se le debe mucho dinero, y así, sucesivamente.

Y mientras tanto, el mandatario parece que gobierna, pero apenas si trata de articular tanta parcelación de poder.  Y, de evitar que sus funcionarios se desmanden (como ha ocurrido con la Secretaría de Desarrollo Social), so pena de quedar implicado en actos de corrupción.

Es muy posible que en estos casos recientes, el Alcalde finalmente pueda demostrar que no ha hecho, es decir, que no ha cometido ningún delito. Pero, habría que considerar que a quien gobierna le cabe la responsabilidad ética sobre el dejar hacer.

Es por ello que la ciudadanía espera del Alcalde acciones de fondo para corregir el rumbo. Decisiones radicales serían ejemplarizantes, y evitarían el grave riesgo que hoy corre en su mandato: quedar igualado a quienes efectivamente han cometido actos de corrupción, y por lo tanto,  terminar su gobierno más desprestigiado aún que sus predecesores.

Fotos: Jess Ar