Recientemente en la ciudad se ha presenciado cómo entre los líderes del sector privado, colectivos ciudadanos y representantes del sector público, se desatan verdaderas luchas de poder por los espacios de representación.
En la teoría cada individuo instalado en el ámbito de participación social democrática tiene igualdad de pensamiento, y su aporte contará con el respeto y la validez que le confiere el ser uno, igual que cualquier otro, en la comunidad.
En general, nos cuesta adaptar nuestra racionalidad a estos criterios de igualdad, sobre todo por dos razones: por las diferencias educativas y por la posición ética. Y, la verdad, en esto se dan todos los cruces. Existen personas muy humildes y con bajo nivel educativo, pero con muchos principios. Y, estamos hartos de ver a los “yupis” y gerentes, a los tecnócratas y sabios, robar y desconocer a sus semejantes. ¿Cuál es el equilibrio en este caso? Es, tal vez, imposible obtenerlo.
Podríamos decir, de manera desilusionada, que cada cual hala por su lado.
Y, sin embargo, sabemos que a pesar de las diferencias debemos juntarnos. Somos animales gregarios obligados a tener que soportarnos para poder sobrevivir. Por lo tanto, resulta definitivo acordar posiciones en temas fundamentales, sobre todo entre los que compartimos unas normas de conducta. Para ello, es necesario limitar, aunque sea temporalmente, las diferencias en cuestiones de forma y en relación a otros asuntos menores que no comprometen la ética de las actuaciones. Llegar a consensos para construir colectivamente siempre será necesario si no queremos dilapidar tiempo y recursos en inútiles disputas.
Aquí, lo realmente importante son los fundamentos éticos de quienes aspiran a ser elegidos en cargos de representación, de carácter público, cooperativo o privado. Es legítimo querer participar y no se debería estigmatizar a nadie por ese deseo, siempre y cuando el participante pueda demostrar que su motivación principal es el anhelo de servir a su comunidad, que no lo guían motivaciones oscuras y que tiene la capacidad de mantener a raya sus intereses individuales.
Los intereses legítimos y en el marco de la ley son válidos. Además, todos, sin excepción, tenemos intereses. Por otro lado, siempre existirán diferencias de criterios, educación y formas de ser y proceder. Pero, basados en unos mínimos comunes de acatamiento a las reglas y respeto por los derechos de los otros, podemos llegar a puntos de encuentro que nos congreguen en la defensa de nuestro patrimonio y en el trabajo conjunto para tener una sociedad cada vez más justa y equitativa.
Fotos por: Jess Ar
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